El Estado falló

Estamos en 2019, pasaron 35 años después de la vuelta a la democracia y 7 presidentes (sin contar a aquellos que estuvieron solamente algunos días por el 2001) y todos han fallado en solucionar los problemas de inseguridad que nos agobian día a día.

Cuando hablo de problemas de inseguridad no solamente me refiero a los innumerables hechos delictivos que vemos a diario en nuestras ciudades, sino que hablo sobre la lógica que impera dentro del estado, el entramado legal que impera nuestra legislación penal. Ciertamente nos debemos como sociedad una reforma integral del sistema penal y sus co-auxiliares.

Para no fallar a la verdad es justo reconocer que Raul Alfonsín nos dejó un legado tan importante, al afianzar la democracia en un país donde el mando del gobierno rotaba entre gobiernos democráticos y gobiernos militares de facto; no podemos ignorar que su legado cumplió con el deber que tiene el estado de seguridad para con sus habitantes, al darnos la seguridad jurídica de que no viviríamos más gobiernos que desconocieran la Constitución Nacional.

¿Por qué el estado falló? Actualmente nuestro sistema penal es el mismo que el del siglo pasado, teorías donde la evolución tecnológica no penetró el funcionamiento de la lógica penal; eso agravado por el hecho de que nuestro Poder Judicial es clasista, sexista y prejuicioso, no lo digo por decir sino porque observo que el sistema judicial mide con distinta vara dependiendo de las condiciones sociales, el género o ciertas características de los acusados.

Veo un Poder Judicial que no respeta el estado de inocencia, donde el mecanismo de prisión preventiva se convirtió en una regla y no en la excepción; el mismo Poder del estado que pregona la igualdad de ambas partes, siendo que el fiscal (representante del Estado) tiene todo el peso del estado para investigar al acusado, cuando este último (los acusados) mayoritariamente solo tienen recursos para un abogado, y muchas veces ni eso.

Además estamos en presencia de fuerzas policiales que no están capacitadas para las circunstancias y muchas veces es cómplice del delito (también cabe mencionar que hago uso de una generalización, es cierto que corresponde solo a una parte de la fuerza policial y no a su totalidad). Ningún Estado del mundo puede funcionar sin un correcto funcionamiento del sistema policial, por lo tanto nos debemos como argentinos una profunda reforma desde los cimientos de la PFA y de todos los sistemas policiales provinciales.

Otro problema es que los distintos gobiernos quieren resolver los problemas de inseguridad a través de la construcción de más unidades carcelarias, cuando solo ocasionan que aumente los delitos cometidos, algo comprobado a lo largo del tiempo.

Ya comenté resumidamente algunos de los problemas centrales que padecemos los argentinos, la solución a todos estos problemas no se hará de la noche a la mañana ni será propiedad de un solo partido o ideología política.

Este año se presentó en el Congreso Nacional proyectos para modificar el Código Penal y un nuevo Régimen Penal Juvenil. Es momento de que la dirigencia política argentina debata seriamente sobre estas problemáticas y constituya un gran acuerdo interpartidario e interinstitucional que solucione y proteja la seguridad de toda la sociedad.