Los desmontes y la quimera del manejo sustentable del monte nativo

Según la RAE, quimera es “aquello que se propone a la imaginación como posible o verdadero, no siéndolo”. Otra definición dice: “Sueño o ilusión que es producto de la imaginación y que se anhela o se persigue pese a ser muy improbable que se realice”. Cualquiera de las dos puede ser aplicada a lo que se supone es el manejo sostenible del bosque nativo del Chaco en cualquiera de sus variantes.

La realidad

El Gran Chaco Americano es una ecoregión boscosa que ocupa una extensión de 1.066.000 km2. Es la segunda en importancia en América Latina luego de la Amazonia. Está distribuida en 4 países Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina, siendo nuestro país el que ocupa el primer lugar, con un 62,19 % de la superficie. En Argentina, la totalidad de las superficies boscosas de las provincias de Chaco, Formosa y Santiago del Estero pertenecen a esta ecoregión, abarcando también parte de las provincias de Salta, Santa Fe, Córdoba, La Rioja y Tucumán.

Esta amplitud territorial se caracteriza también por presentar una gran variedad de ambientes; bosques, arbustales, pastizales, sabanas, esteros y humedales son parte de ella. Asimismo, esta diversidad ambiental conlleva una variabilidad significativa de su flora y de su fauna, lo que posiciona a esta región como un área clave en materia de conservación de la biodiversidad.

Los hechos

La sociedad está cada vez más sensibilizada sobre la importancia de los bosques; son conscientes del poder amortiguador que estos ejercen sobre el clima y de la incidencia de la deforestación sobre el cambio climático. A nivel científico, está harto comprobado el valor ambiental de los bosques y la necesidad de llevar adelante gestiones forestales responsables para la preservación de este recurso. Sin embargo, pese a los llamados de atención que cada tanto nos propone la naturaleza, pareciera que aún persisten resistencias difíciles de sortear.

La Ley Nacional 26.331, que establece los “presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos”, y la Ley Provincial 6.409, llamada de “Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos”, sancionadas en los años 2.007 y 2.009, respectivamente, fueron dos muy buenas iniciativas pensadas a favor de la sustentabilidad de nuestros montes nativos. No obstante, para confirmar aquello que dice que una cosa es la teoría y otra la práctica, los casos de las distintas variantes de desmontes que son avalados por las leyes antes mencionadas, no se han apartado de esa afirmación.

En efecto, desde el mismo momento que se comenzó a regular la actividad forestal en la Provincia, en especial lo referido a los desmontes, también comenzó un debate en cuanto a que muchos de ellos se estaban realizando de manera ilegal; y en el caso de los legales, que otros tantos no se ajustaban a las consideraciones establecidas para asegurar la preservación de los mismos. Lo cierto es que la destrucción de superficie ocupada por bosque nativo, sea que se haga legal o ilegalmente, es un tema que adquiere manifiesta relevancia cuando se lo asocia con desastres naturales como el que está viviendo la Provincia de Chaco desde fines del año pasado. Y muchas voces, no sin razón, apuntan a los desmontes como principales responsables de las penurias que están aconteciendo.

Más allá de la discusión entre aquellos que sostienen que es erróneo atribuir la culpa de las inundaciones a los desmontes y los que sí consideran que la tiene, sería muy necio ignorar sus consecuencias. La realidad nos dice que la Provincia de Chaco tiene, según se registra en el último Inventario Forestal Nacional de 2018, 4.920.000 ha de bosque nativo, gran parte de ellas con tierras de buena a muy buena aptitud para agricultura. Esta condición, sumada a la baja rentabilidad del monte nativo con respecto a la agricultura, el lento crecimiento que caracteriza a las especies de importancia económica que lo componen y una menor rotación de capital, entre otros aspectos, pone en aprietos a muchos productores y al mismo Gobierno provincial; la razón es que ante ellos se presenta una disyuntiva muy difícil de compatibilizar: productivismo vs conservacionismo.

El hecho es que quienes defienden y apuestan al productivismo a ultranza, poco les importa el bosque, mientras que para los conservacionistas extremos es todo lo contrario. Lo bueno es que entre ambos términos aparece un tercer grupo; son los que también pretenden producir pero atendiendo prácticas conservacionistas. Así las cosas, el problema se plantea con los primeros, entre los que se incluyen productores agropecuarios y forestales. A los primeros les interesa maximizar la superficie para siembra o aprovechamiento ganadero; a los segundos solo les interesa la extracción de madera, pero sin seguir patrones de conservación. Ambos son los principales responsables de la degradación de los bosques. Por un lado, utilizan la legislación que regula los desmontes en favor de sus objetivos de maximización de la renta sin importar el costo ambiental; por el otro, están quienes recurren a la ilegalidad.

La modalidad “Manejo Sostenible, Variante Aprovechamiento Silvopastoril” (ganadería que se realiza bajo monte de acuerdo a ciertas restricciones de uso), es la que más se presta a prácticas indeseables. En otras palabras, se valen de esta modalidad para obtener permisos, pero en los hechos no cumplen con las indicaciones técnicas y el resultado es la pérdida constante de masa forestal. Esto, que a priori podría atribuirse a falencias de la técnica, que de por sí  las tiene, es un objetivo buscado por esos productores valiéndose de una herramienta legal. Es de hacer notar que el manejo silvopastoril está autorizado para la superficie boscosa caracterizada como zona amarilla, que son: “sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar degradados pero que a juicio de la autoridad de aplicación jurisdiccional con la implementación de actividades de restauración pueden tener un valor alto de conservación y que podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica”.

Eso ocurre a pesar de que la Ley contempla penalidades para quienes infrinjan la normativa en materia forestal. Sin embargo, la insuficiencia y escasa efectividad de las sanciones atenta contra el espíritu de la misma. En efecto, las multas adolecen de dos fallas principales que son bien conocidas por quienes se aprovechan de ellas; por un lado, cuando se evalúa el costo-beneficio que ocasiona eliminar monte sin mediar la autorización pertinente de la Autoridad Local de Aplicación, resulta ampliamente favorecido el segundo componente de la ecuación; traducido, significa que quien decide desmontar ilegalmente recibe un beneficio económico que es mucho mayor y se produce más rápidamente que lo que supone el costo económico que implica pagar una multa. Téngase en cuenta, además, que si bien el desmonte no es irreversible, volver a las condiciones originales del bosque (algo que de por sí demanda mucho tiempo), es prácticamente imposible lograrlo a través de una reforestación, lo que por otra parte la enorme mayoría no lo hace. Y por otro lado, el no pago de los cargos por desmonte ilegal no tiene implicancias graves para quienes lo realizan; o sea, más allá de que no se les otorga un nuevo permiso forestal para ninguna de las modalidades existentes de aprovechamiento, no existe otro castigo.

El hecho es que pese a todos los reclamos existentes, con pruebas irrefutables que los confirman, los desmontes ilegales continúan realizándose; con mayor o menor intensidad,  son parte de una realidad cotidiana; como también lo son sus efectos negativos sobre la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental.

Aunque la provincia cuenta con tecnología satelital para hacer seguimientos y con personal técnico idóneo y de campo para control, lo cierto es que la logística necesaria para realizar un monitoreo constante y efectivo es mucho mayor que la que posee en la actualidad. La enorme extensión de la superficie provincial ocupada por monte, exige la aplicación de una mayor cantidad de recursos humanos y económicos por parte del gobierno para realizar una labor eficiente. De ese modo se evitarían distintas acciones ilegales, como por ejemplo: desmontes no autorizados, quemas “involuntarias”, compra de cupos de desmonte, mala aplicación de la práctica silvopastoril y del aprovechamiento forestal, etc. Si a todo esto le sumamos la en ocasiones connivencia entre partes, la mala praxis de algunos profesionales, el escaso interés profesional por continuar con un seguimiento técnico más allá de la participación en la obtención de los permisos y cuestiones políticas circunstanciales, son todos factores que conspiran para lograr la tan aludida sostenibilidad del bosque nativo chaqueño.

Aun así, hay un aspecto no menor que no se puede dejar de mencionar: la poderosa gravitación del sector forestal en la economía provincial; es por este motivo, que cualquier administración estatal tiene que lidiar con fuertes intereses sectoriales, con los cuales es difícil alcanzar acuerdos cuando la sustentabilidad ambiental forma parte de la negociación.

En otro orden, también hay que destacar las cuestiones reglamentarias. En este sentido cabe señalar que los desmontes, en todas sus variantes mencionadas, van mucho más rápido que la aplicación de nuevas propuestas técnicas que van surgiendo en materia de manejo racional del bosque. Un ejemplo de ello es el “Manejo de Bosques con Ganadería Integrada”, una metodología de manejo sustentable del monte nativo que incluye a la ganadería, que tuvo su aparición en el año 2015. Hoy, es muy poco lo que se ha avanzado en ese sentido ya que esta práctica tiene que pasar primero por una experiencia de sitios piloto; estos lugares son proporcionados por productores que prestan sus explotaciones, o parte de ellas, y se ofrecen como voluntarios para aplicarla; luego, se necesitan años para obtener resultados, avalarla y eventualmente imponerla como obligatoria en las reglamentaciones de uso. Mientras tanto, los desmontes, las quemas, la pérdida de biodiversidad, la degradación ambiental continúa produciéndose.

Finalmente, está el papel de las recategorizaciones de superficies ocupadas por monte en zona amarilla; es a partir de esta formalidad, incluida en el ordenamiento territorial, que se permite el desmonte legal en áreas que sin esta fórmula estaría vedado. De esta manera, utilizando ecuaciones que las más de las veces manipulan sus componentes a favor de cada ocasión, la actividad cuenta con un amparo reglamentario.

Así las cosas, de no mediar acciones realmente convenientes para llevar a cabo un manejo del bosque nativo que asegura su perdurabilidad en el tiempo, la lenta pero constante degradación de este importante recurso con sus múltiples externalidades negativas, no se detendrá. Y la máxima del concepto de sostenibilidad, que habla de un medioambiente sano y de satisfacción de necesidades económicas, sociales y de diversidad cultural de las generaciones presentes, sin comprometer la satisfacción de las mismas por parte de las generaciones futuras, tampoco se producirá.

Silvio Monteleone

Silvio Monteleone

- Ingeniero Agrónomo egresado de la Universidad de Buenos Aires
- Master en Agronegocios en la Universidad de Belgrano y una Maestría en Economía Política y Gobierno en la Escuela de Gobierno del Chaco.
- Participe como expositor en las I Jornadas Chaqueñas de Democracia y Desarrollo
Silvio Monteleone

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