Entre 1985 y 2018, desde el regreso de la democracia, las élites tradicionales (el G8 y el Cacif) y las emergentes (las que crearon riqueza y generaron influencia política a través de la cúpula militar, los cargos públicos y el crimen organizado) tomaron distancia, pues tenían objetivos disímiles y algunas viejas desconfianzas enraizadas.
Sin embargo, sus operaciones coincidieron en dos aspectos fundamentales del control de la vida nacional: financiamiento electoral y limpieza social. Después de una intensa y amplia lucha contra la corrupción que ha durado tres años bajo el liderazgo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP), solo hemos comenzado a ver la reunificación de la alianza que ganó la guerra cuando a las tradicionales se las acusó de financiamiento electoral ilícito en enero de 2018 y por ejecuciones extrajudiciales en octubre del mismo año. En el resto de las tramas de corrupción, generalmente no comparten culpas gremiales y por eso la distancia había persistido. Además, porque las tradicionales siempre han estado a la espera de una purga en contra de las emergentes y por algunos meses pensaron que 2015 era ese momento. Pues tienen claro, por un lado, que han sido, son y podrían ser sus aliados y, por el otro, que constituyen su mayor amenaza.
Si las élites tradicionales no tuvieran participación real en las ejecuciones extrajudiciales, no habrían sacado su agresiva campaña mediática durante estas últimas semanas, la cual opera cada vez que los privilegios están en riesgo. A Max Quirin, cafetalero y representante del Cacif ante la Junta Monetaria y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, lo apoyaron a raíz del caso IGSS-Pisa, pero no valió la pena lo suficiente como para reunificar la alianza entre las élites tradicionales y emergentes, en la cual también estaban inmiscuidos los que se han enriquecido a costa de los cargos públicos a través de contratos sobrevalorados y fraudulentos.
Entonces, ¿por qué sí lo han logrado el financiamiento electoral ilícito y las ejecuciones extrajudiciales? Porque se sienten y reconocen responsables como bloque, como gremios. Esto, sin perder de vista que detrás de las torturas y ejecuciones extrajudiciales hay una concepción de superioridad racial y de limpieza social que las élites tradicionales siempre han sacado a relucir: «Los criminales, los secuestradores, las pandillas no merecen vivir».
¿No es algo más que un simple hecho anecdótico que Vielmann esté vinculando de una u otra forma en tres casos de hechos criminales clandestinos y extrajudiciales (casos Parlacén, Pavón e Infiernito)? ¿No es un hecho relevante que la fiscal costarricense Gisele Rivera haya renunciado de la Cicig durante la gestión de Castresana aduciendo que este comisionado estaba protegiendo a Vielmann a pesar de las pruebas en el caso Parlacén? En ese sentido, en esta época navideña valdrá la pena desempolvar de nuestras libreras o comprar en la librería más cercana aquel libro de Lafitte Fernández Crimen de Estado: el caso Parlacén para que repasemos el modus operandi de los grupos de poder que han secuestrado el Estado y cómo han protegido a sus miembros más prominentes.
Esta alianza que se terminó de partir en dos durante el gobierno del Frente Republicano Guatemalteco ha tenido tres reencuentros con intenciones de reconciliación en 18 años: a partir del juicio por genocidio, por financiar partidos políticos ilícitamente y por ejecuciones extrajudiciales. Hasta el momento, solo la primera se ha concretado. El caso Ejecuciones Extrajudiciales y Torturas ha sacudido al establishment, ha revivido viejas discusiones y ha emanado una sensación de inminente y decidida reconciliación interélites contra la lucha anticorrupción, la de comisionados honestos como Iván Velásquez, la de fiscales comprometidos con la justicia como Juan Francisco Sandoval, la de procuradores incisivos como Jordán Rodas. Una reconciliación en contra de esa lucha que implica a la sociedad guatemalteca, la que tiene los ojos puestos en un futuro digno y de oportunidades para todas y todos.
Vaya ironía la de la justicia selectiva. ¡Me he vuelto paracuandista!: ¿para cuándo élites progresistas en vez de élites de terror?
- Enlace logístico en Junta Electoral Departamental de Guatemala - Tribunal Supremo Electoral
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-Consultor en Counterpart International
- Ha estudiado Derechos Humanos, Transparencia y Políticas Públicas contra la Corrupción en Fundación Henry Dunant - América Latina
- Ha estudiado Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina en FGV - Fundação Getúlio Vargas
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