El sistema de salud de nuestro país pareciera reunir todos los vicios posibles: es profundamente ineficiente y considerablemente inequitativo.

Es ineficiente porque se gasta de manera consolidada en salud, aproximadamente un 10% del PBI y su retorno en provisión de bienes y servicios sanitarios a todos los argentinos es suboptimo si lo comparamos con otros países que invierten en niveles similares. Esta ineficiencia estaría relacionada la fragmentación excesiva del sistema de salud en varios subsectores, según nivel de estado (nacional, provincial y municipal) y según tipo de seguro de salud (público, obras sociales y privado).

 A su vez, el artículo número 42 de la Constitución Nacional establece que todo habitante del territorio argentino está cubierto en última instancia por el subsector público de salud. Esto hace que el consumidor argentino del mercado de salud, según el nivel de renta que posea, pague a través de impuestos y/o contribuciones, una doble o hasta una triple cobertura de salud. En otras palabras, más de lo que estaría dispuesto a pagar por proveerse de bienes y servicios de salud, esto es un indicador de ineficiencia.

 Una segunda consecuencia de la fragmentación excesiva son los altos costos de transacción por la gran cantidad de agencias de gobierno existentes en diferentes niveles estaduales que regulan este mercado. Dicho de otra manera, los múltiples organismos públicos deben invertir en la producción de grandes cantidades de información sobre el mercado de salud, el cual, suele tener más fallas que otros mercados (por ejemplo, a la hora de establecer la prima de riesgo de salud, el sistema de precios no suele ser estimador eficaz).

En cuanto a las desigualdades o inequidades en el sistema de salud, mencionamos las de tipo espacial, producto de que las competencias de salud pública son propias de las provincias. El Estado nacional tiene pocos atributos en salud, el más importante es el de la coordinación de grandes lineamientos y pocas políticas sanitarias que tienen que ver con enfermedades endémicas. La calidad y cantidad de las provisiones de bienes y servicios de salud pública y la seguridad social provinciales en cada jurisdicción van estar determinadas por la restricción presupuestaria de cada Estado provincial, en definitiva, por su grado de desarrollo económico.

Hay una segunda desigualdad en salud que tiene que ver con la redistribución de recursos de salud que hizo el Estado nacional, por muchos años, hasta por lo menos la implementación del Programa Sumar que achicó la brecha. Hablamos de las grandes transferencias que, desde el ministerio de salud nación, fueron financiar al sistema de las obras sociales, beneficiando solamente a la población con trabajo formal, asociados con los sectores de renta media. Esta política nacional de salud fue razonable durante un contexto de pleno empleo como se vivió hasta los años setenta, no obstante, en el contexto actual del país, con al menos un tercio del total de las personas económicamente activas con empleo informal, la misma, no se presenta como una solución viable para las familias económicamente más vulnerables, es más, genera mayor desigualdad, por la transferencia de renta en especie regresivo que se da desde los sectores de renta más baja hacia los sectores de renta intermedios principalmente.

Desde el 2012, con la implementación del Plan Sumar, se compensa a los sectores económicamente vulnerables perjudicados con la redistribución de la renta tan desigual en salud, mencionada anteriormente. Aquellos que no poseen cobertura de seguridad social y/o privada, finalmente acceden a una cobertura universal de salud efectiva que les permite reportar un umbral mínimo en útiles de bienes y servicios de salud. Lo positivamente insólito fue que el porcentaje de inversión en salud total se mantuvo en la órbita del 10% del producto argentino.

Una de las tantas enseñanzas del Sumar -y de su antecedente el Plan Nacer- fue que creó las condiciones para que Nación empezara a acumular facultades en materia de salud, ya que no sólo se está encargando de transferir la financiación externa a cargo del Banco Mundial, hacia las provincias, que lo implementan, sino que también tiene que monitorear y evaluar paulatinamente el programa en los distintos efectores hospitalarios del país. Además, tengamos en cuenta que, para identificar a toda la población objetivo del Sumar y evitar la doble cobertura se ha concretado un registro muy completo de la población sin cobertura médica por la seguridad social ni privada, esto aporta una mayor producción de información acerca del mercado de salud, y además reduce los costos de transacción porque esta base de datos está vinculada con la de los grandes programas de desarrollo social de Nación como la Asignación Universal por Hijo.

La implementación de la cobertura universal de salud efectiva junto a otras acciones de política sanitaria desde el Consejo Federal de Salud, gestados desde el inicio de la emergencia sanitaria nacional decretada en 2002, están siendo el punto de partida hacia una tendencia centralizadora del sistema de salud argentino. Esto es recomendado por los especialistas en la materia, porque como hemos analizado, reduce los costos de transacción y la información incompleta (gran parte reside las agencias provinciales por separado), en definitiva, merma algo de la gran ineficiencia existente. Segundo, en términos de la inequidad en la redistribución y entre provincias, se palía en cierto grado gracias al Sumar.

No obstante, falta por mejorar muchísimo más, empezando por rever el sistema tripartito de salud, sui generis en todo el mundo. Hay posibilidades de que esta nueva crisis sanitaria, la del COVID-19, presente las oportunidades correspondientes para reforzar esta senda hacia la centralización del sistema de salud argentino.