Entre el aplazamiento electoral y la crispación social: la crisis de Bolivia por el coronavirus

El pasado 9 de julio se dio conocer que Jeanine Áñez, la presidenta de facto de Bolivia y candidata para las elecciones de septiembre, tenía covid-19. Juan Orlando Hernández (Honduras) Jair Bolsonaro (Brasil) y Áñez son los mandatarios que hasta el momento se han contagiado en Latinoamérica.

Pero Áñez no fue la única funcionaria en Bolivia en contraer el coronavirus, ya que con solo unos días de diferencia los ministros de Economía, Asuntos Exteriores, Minería, Salud, Hidrocarburos y Presidencia también resultaron positivos. Otros afectados son la líder del Senado, Eva Copa, y ya se habla de centenas de subalternos.

¿Qué está pasando en Bolivia? Bueno, parece que la pandemia y los contagios se han salido de control en la última semana y las autoridades sanitarias ya visualizan un escenario extremadamente complicado para los próximos días. La multiplicación de casos de coronavirus ha empezado a saturar los hospitales en algunas regiones, como la de Cochabamba, donde empezaron a aparecer cadáveres abandonados en las calles. Estas imágenes dantescas recordaron inmediatamente a la problemática vivida en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil.

Apenas este jueves, Bolivia registró el pico más alto de contagios desde que comenzó la pandemia, con casi 2.000 nuevos casos en las últimas 24 horas, y la cifra acumulada ya sobrepasa los 54.000 positivos. El departamento más afectado es el de Santa Cruz, que acumula la mitad de los casos nacionales con más de 27.000. Después vienen, La Paz, con casi 8.000 contagios, y Cochabamba, con poco menos de 6.000.

Para las próximas fechas, la región que más preocupa por la alta densidad demográfica es el área metropolitana de La Paz, que además de la capital, está conformada por el municipio periférico de El Alto, el segundo con mayor población a nivel nacional y donde la distancia social es prácticamente nula, dadas las condiciones de hacinamiento en la que viven muchas familias de esta ciudad.

La ciudadanía boliviana empezó a percibir que hay una discriminación en la atención, los protocolos sanitarios y el suministro de insumos que el gobierno proporciona a las distintas regiones, especialmente en detrimento de la población rural e indígena, mucha de ella agrupada en La Paz, El Alto y Cochabamba, que son también los lugares de apoyo del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales, que hoy tiene una amplia ventaja en las encuestas presidenciales con Luis Arce como candidato.

Pero no son las políticas de salud lo único que preocupa a los bolivianos, son también las medidas en torno a las cuestiones laborales y de educación. Las políticas de trabajo a distancia llevaron a un despido masivo de gente en las zonas rurales, con el argumento que al no haber conectividad en esas zonas el trabajo no puede cumplirse y, por la tanto, ya no se ocupan a esos empleados. Lo mismo ha pasado con la educación a distancia, que ha ampliado la brecha entre los que pueden acceder a clases bajo esa modalidad y los que no.

Pero quizá donde se ha sentido más la tensión es entre los que tienen un trabajo formal y los que viven en la informalidad, que en el caso de Bolivia es alrededor del 70 % de la población económicamente activa, que traducido al total de personas que dependen de la informalidad, el número se amplía todavía más. Todo esto está generando una profundización de la desigualdad social y económica en Bolivia, sobre todo en las zonas rurales e indígenas. Esto, aunado al clima de crispación política que existe después del golpe de Estado de noviembre, hace que todo el país este al borde de un estallido social.

Esto se vio reflejado en las protestas masivas del martes pasado, cuando miles de personas salieron a la calles de La Paz y otras ciudades para reclamar por varias de las políticas públicas que ha implementado el gobierno golpista. Más de 5.000 personas caminaron los doce kilómetros que separan a El Alto de La Paz, para llegar al Ministerio de Educación y pedir la renuncia de su titular, Víctor Hugo Cárdenas. La gente demandaba internet gratuito, al menos para que se pueda cumplir con los objetivos mínimos de una educación distancia. A la marcha se unió la Central Obrera Boliviana (COB) para protestar por los despidos masivos de trabajadores que han ocurrido en las últimas semanas.

El futuro luce desesperanzador. Las proyecciones de casos positivos de covid-19 para agosto son de 130.000 contagios. Se espera un incremento notorio en el índice de letalidad, principalmente porque habrá un desbordamiento a nivel nacional de los servicios hospitalarios. Muchas personas han muerto ya sin diagnóstico ni ayuda médica y esto empeorará. Ante este panorama, el gobierno de facto ya contempla desde la alianza de hospitales públicos y privados hasta la intervención y expropiación de hospitales privados, algo que ha empezado a causar escozor y conflicto con los empresarios dedicados a la salud, que a la vez forman parte de los simpatizantes y grupos que promovieron el golpe de Estado.

La gran disyuntiva que se vislumbra en el futuro cercano es saber si se aplazarán o no las elecciones programadas para el 6 de septiembre. El gobierno de Áñez ya habla de otra posible prórroga, propuesta que no comparten ni las bases del MAS ni el expresidente Carlos Mesa, segundo en las encuestas electorales. Un nuevo diferimiento electoral calentaría más la plaza pública y las protestas que, en conjunto con la pandemia, podrían traer muchas complicaciones políticas, sociales y de salud pública. Por lo visto, la segunda quincena de agosto será definitoria para el futuro boliviano.