El gobierno de ultraderecha decidió cumplir su promesa de campaña y reemplazó los subsidios por otros mecanismos “menos generosos”. En varios ciudades se registraron importantes movilizaciones. La oposición acusó a la primer ministro de “brutal”.

La primer ministra italiana, Giorgia Meloni, decidió eliminar los planes sociales -conocidos como «renta de ciudadanía»- para aquellas familias que rechacen un puesto de trabajo. La polémica medida del gobierno de ultraderecha le valió de importantes manifestaciones en las principales ciudades de Italia.

La noticia fue anunciada por medio de un mensaje de texto. Fue durante el último fin de semana cuando a más de 169 mil familias le llegó una notificación vía SMS.

El breve escrito explicitaba que desde el 1 de enero dejarán de percibir el subsidio, llamado «renta de ciudadanía». Este plan social fue introducido en 2019 para aquellos que no conseguían encontrar trabajo.

La decisión generó importantes movilizaciones. En Nápoles los manifestantes se reunieron en una oficina del Instituto Nacional de Seguridad Social (INPS) y pidieron por las más de 21.500 familias que reciben subsidios por parte del estado.

En Terrasini, en la provincia de Palermo, un desempleado de 60 años invadió la alcaldía y amenazó con incendiar el lugar tras recibir la notificación del recorte de beneficios. Como consecuencia, muchos alcaldes de la región también pidieron explicaciones y ayuda al gobierno nacional.

Ninguno de los manifestantes está dispuesto a perder el llamado “salario ciudadano”, que se retirará gradualmente entre agosto y diciembre y se reemplazará con programas menos generosos.

La medida fue una de las principales promesas electorales del Movimiento 5 Estrellas, que logró en 2019 su aprobación como una herramienta destinada “abolir la pobreza”, y estuvo en la mira de Meloni desde la campaña electoral.

Seis meses después de conformar el gobierno, Fratelli d’Italia cumple su promesa. A cambio, propuso una especie de “cheque de inclusión”, una herramienta más limitada, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2024.

Estará disponible exclusivamente para familias con hijos, personas mayores de 60 años o con necesidades especiales.

También se implementará un mecanismo de «Apoyo a la Formación y el Trabajo» que estará dirigido a familias que tengan al menos un miembro en condiciones de trabajar. La nueva herramienta es menos consistente, tiene restricciones mucho más estrictas y obliga a buscar trabajo durante un periodo.