En medio de la polémica, el Gobierno argentino despliega una estrategia peculiar para lograr la aprobación de la Ley Ómnibus, un extenso paquete de reformas propuesto por el diputado Javier Milei. Aunque afirman no negociar modificaciones, aseguran aceptar “sugerencias” y “aclarar” o retirar artículos por decisión propia.

Sin embargo, la oposición muestra reticencias, especialmente en puntos cruciales del proyecto. Funcionarios del Ejecutivo reconocen que la delegación de facultades al Presidente, en caso de emergencia, no sería por cuatro años como propone el proyecto, sino a lo sumo por un año, prorrogable por decisión del Congreso.

Divergencias también surgen en torno a la reforma electoral, donde la propuesta de dividir las provincias en circunscripciones electorales enfrenta rechazo mayoritario. Además, el retiro de la obligación de solicitar permisos para reuniones públicas de tres o más personas genera tensiones.

A pesar de algunos retrocesos, La Libertad Avanza, en minoría, busca imponer su proyecto. El ministro de Economía, Luis Caputo, destaca la importancia de la ley para lograr el “déficit fiscal cero”, pero la oposición exige cambios.

Puntos álgidos incluyen la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria y el aumento de retenciones a productos sin derechos de exportación. La oposición insiste en garantizar aumentos jubilatorios que sigan la inflación y rechaza un incremento generalizado de retenciones, especialmente a economías regionales.

Con la intención de lograr un dictamen en comisiones, La Libertad Avanza enfrenta la resistencia de una oposición colaborativa que exige consenso en puntos clave. El desenlace dependerá de la disposición del Gobierno para negociar cambios y la resistencia de los diversos bloques parlamentarios.