Diputados radicales presentan Proyecto de Ley para penalizar bloqueos en Establecimientos Comerciales e Industriales

El proyecto de ley busca modificar el Código Penal para abordar de manera efectiva los bloqueos en establecimientos comerciales e industriales. La iniciativa es liderada por el Diputado Nacional por Corrientes, Manuel Aguirre, y acompañada por los legisladores Juan Carlos Polini, Martin Alberto Tetaz y Pedro Jorge Galimberti.

Esta mañana fue presentado el proyecto de ley que tiene como objetivo principal “restablecer el orden y la paz social”, así como prevenir futuras vulneraciones de bienes jurídicos fundamentales. Según Aguirre, “la aplicación del Derecho Penal es necesaria para cesar con la comisión del delito y desalentar reiteraciones en un futuro”.

El proyecto de ley propone la incorporación del Artículo 181º bis al Código Penal, el cual establece penas de prisión de tres a cinco años para aquellos que turben la posesión o tenencia de un inmueble con violencia y obstaculicen el normal funcionamiento de un establecimiento comercial, industrial o de servicios. Además, se penaliza el bloqueo fundado en reclamos laborales o sindicales cuando se ejerce de manera abusiva.

Entre sus fundamentos, el Diputado Aguirre destacó la importancia de “garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales sin vulnerar otros de igual jerarquía”, como el derecho de propiedad privada y la libertad en general. En palabras del legislador, “ningún derecho es absoluto, por tanto, no pueden vulnerarse otros derechos de igual jerarquía”. Asimismo, se enfatizó que el bloqueo de un establecimiento comercial por motivos gremiales no será interpretado como el legítimo ejercicio de un derecho, sino como una acción punible.

La presentación de este proyecto generará un amplio debate en el ámbito legislativo, donde se discutirá los alcances y beneficios de esta modificación del Código Penal. Se espera que esta iniciativa contribuya a garantizar un equilibrio entre el ejercicio de los derechos laborales y sindicales, y la protección de la propiedad privada y la libertad de comercio e industria en el país.

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