Lo dispuso la Cámara de Casación de esa provincia.

Luego de que la Cámara de Casación de la provincia de Entre Ríos ordenara en las últimas horas la detención del exgobernador Sergio Urribarri por presunta corrupción, finalmente la orden se concretó poco antes del mediodía de este martes.

Se trata del dirigente que en 2022 recibió una sentencia de ocho años de cárcel por negociación incompatible con la función pública.

El pedido de cumplimiento efectivo de la condena había sido pedido por los fiscales entrerrianos Patricia E. Yedro, Gonzalo A. Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull.

Los fiscales habían pedido el cumplimiento de la condena de Urribarri y de Juan Pablo Aguilera, y luego de dar por “acreditados los requisitos de admisibilidad del recurso, afirmaron que para “los mismos solicitaban la prisión preventiva efectiva, fundada particularmente en el riesgo serio de fuga, en atención al monto de la pena y modo de ejecución impuestos por sentencia de 07/04/2022″.

Para los fiscales “también han quedado comprobadas las facilidades que tienen los imputados para abandonar el país o permanecer ocultos: se trata de personas con recursos económicos, que además se encuentran íntimamente vinculados a personas que pueden ayudarlos económicamente, que tienen capacidad para trasladarse de un lugar a otro y vínculos en el extranjero”.

En un fallo de 74 páginas, en el voto rector los camaristas sostuvieron que “encontrándose acreditada la probabilidad de que en libertad los condenados puedan frustrar los fines del proceso, entiendo que se encuentran motivos suficientes para anular la resolución impugnada y disponer la prisión preventiva en unidad carcelaria, teniendo en cuenta especialmente que en función de los tratados internacionales que el Estado suscribió, este proceso penal debe ser sobreprotegido, en tanto el deber de investigar, juzgar y castigar tiene una mayor intensidad cuando lo que está en cuestión son delitos de corrupción como los que aquí se juzgaron”.

Se trata del primer gobernador de Entre Ríos condenado y preso desde la restauración de la democracia en 1983.

En abril de 2022 Urribarri fue condenado a ocho años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. Así lo decidió por unanimidad el Tribunal de Juicios y Apelaciones de esa provincia, integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón.