El Libertador suele ser recordado por sus victorias militares y por su renunciamiento. Sin embargo, detrás del héroe de bronce existió un dirigente político complejo: centralista sin vocación facciosa, liberal sin fe plena en la democracia, monárquico sin nostalgia colonial y conductor de un poder que procuró no convertir en propiedad personal.
Cada 17 de agosto, José de San Martín regresa convertido en una figura casi incontestable. Se recuerda el Cruce de los Andes, se repiten sus máximas y se reivindica su austeridad. Esa unanimidad, sin embargo, tiene un costo: cuanto más perfecto se vuelve el prócer, menos comprensible resulta el político.
San Martín no fue solamente un militar que intervino circunstancialmente en los asuntos públicos. Fue un constructor de poder, un organizador estatal y un actor con ideas definidas sobre la autoridad, el orden y la soberanía. También fue un dirigente atravesado por contradicciones: impulsó reformas avanzadas mientras gobernaba con facultades concentradas; defendió la libertad americana, pero desconfió de la capacidad inmediata de las nuevas sociedades para sostener gobiernos republicanos; se negó a participar de las guerras civiles, aunque nunca fue neutral ante los conflictos de su tiempo.
Comprenderlo exige abandonar tanto la hagiografía escolar como la tentación revisionista de convertirlo en militante anticipado de alguna corriente contemporánea. San Martín no fue un liberal moderno, un nacionalista del siglo XX ni un demócrata en el sentido actual. Fue un hombre situado en la crisis del orden monárquico, cuando la independencia todavía no equivalía necesariamente a república y cuando la legitimidad política debía construirse en medio de guerras, territorios fragmentados e instituciones precarias.
Una revolución necesita Estado
Uno de los aspectos menos examinados de San Martín es su desempeño como gobernador intendente de Cuyo entre 1814 y 1816. Allí no se limitó a preparar soldados. Transformó una jurisdicción periférica en la plataforma política, fiscal y productiva de una operación continental.
El Ejército de los Andes no surgió exclusivamente del talento de un jefe militar. Fue posible porque existió una administración capaz de recaudar, organizar recursos, producir armamento, disciplinar a la población y coordinar intereses privados con objetivos públicos. En Cuyo se impulsaron la agricultura y la industria, se reorganizó la hacienda, se aplicaron contribuciones extraordinarias y se movilizaron bienes, trabajadores y conocimientos locales. La guerra requirió algo parecido a un Estado de excepción productivo: una economía regional entera fue orientada hacia la emancipación.
La experiencia permite observar una primera definición política de San Martín. Para él, la libertad no podía sostenerse mediante declaraciones abstractas. Necesitaba recursos, autoridad administrativa y capacidad de ejecución. Antes de independizar territorios había que construir el poder material que hiciera posible esa independencia.
Esa movilización estuvo lejos de ser completamente voluntaria o romántica. Hubo exigencias fiscales, reclutamientos y fuertes presiones sobre los sectores propietarios. La revolución demandaba sacrificios y San Martín estaba dispuesto a imponerlos. Pero su gobierno no quedó reducido a la extracción de recursos: intervino en educación, salud, cárceles y organización territorial. En diciembre de 1814, por ejemplo, estableció la vacunación contra la viruela como una responsabilidad pública. También defendió la educación como instrumento para formar la sociedad política que debía suceder al orden colonial.
Cuyo fue, en ese sentido, su verdadero laboratorio de gobierno. Allí apareció una idea que acompañaría toda su trayectoria: sin autoridad estatal no existe soberanía efectiva. La independencia era para San Martín un problema militar, pero también una cuestión de capacidades institucionales.
Desobedecer para no cambiar de guerra
En 1819, mientras el poder central enfrentaba a las fuerzas federales del Litoral, el Directorio pretendió que el Ejército de los Andes regresara para intervenir en la guerra civil. San Martín resistió esa orientación. Su negativa suele presentarse como una expresión puramente moral: el Libertador no quería derramar sangre de sus compatriotas. Esa dimensión existió, pero la decisión fue también profundamente estratégica.
San Martín entendía que involucrarse en el conflicto interno significaba abandonar el objetivo central: destruir el poder realista asentado en Perú. Mientras buena parte de la dirigencia rioplatense pensaba la guerra desde Buenos Aires y las provincias, él la pensaba en escala sudamericana. La independencia de las Provincias Unidas sería frágil mientras Lima continuara siendo el centro político y militar de la contrarrevolución española.
Su desobediencia, por lo tanto, no implicó una retirada de la política. Fue una decisión sobre cuál debía ser el conflicto principal. San Martín se negó a convertir un ejército creado para la emancipación continental en el brazo armado de una facción doméstica.
La caída del Directorio en 1820 produjo, además, un problema jurídico: desaparecida la autoridad que había designado a San Martín, ¿de quién dependía el Ejército de los Andes? El Acta de Rancagua resolvió que su mando no había caducado porque la autoridad recibida para continuar la guerra tenía como origen “la salud del pueblo”, considerada inmutable. Los oficiales ratificaron su conducción y el ejército continuó la campaña. El documento constituye uno de los episodios políticos más singulares del proceso independentista.
No fue un acto democrático en el sentido contemporáneo. Fue la construcción de una legitimidad revolucionaria por fuera de las instituciones que habían colapsado. El ejército dejó de presentarse solamente como una fuerza subordinada a un gobierno rioplatense y pasó a legitimarse por la finalidad americana de su misión. En términos políticos, San Martín había colocado la causa por encima de la autoridad circunstancial.
La política de la reconciliación
Existe otro episodio poco recordado que permite comprender su forma de ejercer el poder. Después de la victoria de Maipú, San Martín tuvo acceso a correspondencia realista que comprometía a figuras importantes de la sociedad chilena. En vez de utilizar aquellos documentos para iniciar una depuración, consolidar aliados o castigar adversarios, decidió quemarlos.
El gesto no debe interpretarse solamente como indulgencia personal. San Martín comprendía que una victoria militar podía ser anulada por la persecución posterior. Difundir aquellas cartas habría profundizado las divisiones internas de Chile y dificultado la construcción del orden necesario para continuar hacia Perú. Prefirió eliminar un instrumento potencial de poder antes que utilizarlo para producir obediencia mediante el miedo.
La decisión revela una concepción poco frecuente: no toda información políticamente útil debe ser explotada. En determinadas circunstancias, conducir también significa renunciar a las ventajas que pueden destruir la comunidad que se pretende gobernar.
Esto no convierte a San Martín en un dirigente ajeno a la dureza. Aplicó disciplina militar, recaudó por mecanismos compulsivos y convivió con medidas represivas. Pero distinguió entre la coerción necesaria para sostener la guerra y la persecución facciosa que prolongaba indefinidamente el conflicto.
Un monárquico al frente de una revolución
La incomodidad más importante para la versión escolar de San Martín es su preferencia por una monarquía constitucional para Perú. El dato suele ocultarse, minimizarse o presentarse como una contradicción inexplicable. En realidad, permite ingresar al núcleo de su pensamiento político.
San Martín no asociaba automáticamente independencia con república. Su prioridad era terminar con la subordinación a España y establecer un poder reconocido, estable y capaz de evitar la fragmentación. Consideraba que las instituciones republicanas podían agravar las disputas entre facciones en sociedades sin consensos políticos consolidados. Por eso imaginó una monarquía constitucional encabezada por un príncipe europeo, sometido a leyes y separado de la antigua dependencia colonial.
En las negociaciones de Miraflores y Punchauca, sus representantes propusieron una monarquía independiente vinculada a una casa real europea. Posteriormente, el Protectorado promovió públicamente esa alternativa mediante la Sociedad Patriótica y El Sol del Perú, mientras los republicanos respondían desde publicaciones como La Abeja Republicana. El debate fue abierto, ideológico y mucho más competitivo de lo que suele sugerir la imagen de una independencia políticamente homogénea.
Su monarquismo no expresaba nostalgia por el absolutismo español. Era una solución conservadora al problema de la transición. San Martín podía ser revolucionario respecto de la soberanía y moderado respecto de la organización del poder. La libertad que perseguía era, ante todo, la independencia de los pueblos americanos frente a una autoridad exterior. La democracia representativa, la ciudadanía amplia y la igualdad política pertenecían a otra discusión, todavía abierta y sin resolución definitiva.
Las contradicciones del Protectorado
El gobierno de San Martín en Perú muestra con claridad la tensión entre emancipación y autoridad. El Protectorado impulsó la libertad de vientres, eliminó el tributo indígena, estableció garantías jurídicas, promovió el libre comercio y fundó la Biblioteca Nacional. El propio San Martín donó cientos de libros y consideró que la ilustración podía ser más poderosa que los ejércitos para sostener la independencia. La Biblioteca Nacional del Perú conserva ese origen como parte central de su historia institucional.
Sin embargo, el Protectorado también concentró poder, recurrió a préstamos forzosos y permitió expulsiones y confiscaciones contra españoles peninsulares y sectores realistas. Bernardo de Monteagudo, su principal ministro, defendió un proyecto autoritario que chocó con grupos republicanos y con una prensa limeña cada vez más activa. Las movilizaciones que exigieron la salida de Monteagudo demostraron que la sociedad peruana no estaba dispuesta a aceptar pasivamente una independencia dirigida por autoridades extranjeras. La historiadora Carmen Mc Evoy ha mostrado cómo aquella confrontación contribuyó a formar una cultura política peruana en la que competían proyectos monárquicos, republicanos, autoritarios y nacionalistas. La independencia también fue una disputa por quién tenía derecho a gobernar y a definir la nueva nación.
San Martín, por lo tanto, no encabezó una transición sin conflictos. Su gobierno produjo reformas emancipadoras y, al mismo tiempo, prácticas de excepción. Reconocer esa ambivalencia no disminuye su figura: la devuelve al terreno de la política real.
Guayaquil y la racionalidad de la retirada
La entrevista con Simón Bolívar en julio de 1822 ha sido cubierta por una literatura de secretos, rivalidades y frases posiblemente apócrifas. No existe una transcripción completa y confiable de lo conversado. La historiografía puede reconstruir los temas principales —la situación de Guayaquil, la forma de gobierno y la conclusión de la guerra en Perú—, pero no todas las afirmaciones atribuidas a los libertadores poseen el mismo valor documental. Fue una reunión privada, sin agenda oficial, acuerdos formales ni testigos directos.
Más importante que intentar adivinar cada palabra es observar la relación de fuerzas. Bolívar llegaba fortalecido por sus victorias y disponía de tropas, recursos y una estructura política más consolidada. San Martín enfrentaba problemas fiscales, resistencia interna y una campaña militar inconclusa. El encuentro no se produjo entre dos dirigentes con capacidades equivalentes.
Su posterior alejamiento no fue únicamente un sacrificio romántico. También fue el reconocimiento de un límite. San Martín comprendió que la coexistencia de dos conducciones podía dividir al campo independentista y que él ya no contaba con los medios necesarios para imponer su estrategia. El 20 de septiembre de 1822 instaló el Congreso Constituyente peruano, renunció al Protectorado y se retiró.
Ese acto suele ser leído como prueba de desinterés personal. Lo fue, pero también constituyó una decisión política racional. Renunciar evitó una disputa de liderazgo y facilitó la concentración de fuerzas que terminaría derrotando al poder realista. Su grandeza no residió en ignorar la correlación de fuerzas, sino en comprenderla antes de que una ambición personal transformara una debilidad en una derrota colectiva.
No fue neutral ante la historia
La negativa de San Martín a participar en guerras civiles no debe confundirse con indiferencia política. Desde Europa siguió con atención los acontecimientos americanos y tomó posición frente a las intervenciones extranjeras en el Río de la Plata.
En su testamento de 1844 legó su sable a Juan Manuel de Rosas como reconocimiento por la defensa del honor y la soberanía argentina frente a las pretensiones de las potencias europeas. El documento original muestra que San Martín colocaba la defensa exterior de la comunidad política por encima de sus posibles diferencias con el régimen que la gobernaba.
El gesto incomodó a las interpretaciones liberales posteriores y fue utilizado ampliamente por el revisionismo. Sin embargo, tampoco autoriza a convertir a San Martín en rosista. Su reconocimiento estuvo dirigido principalmente a la política exterior de Rosas, no necesariamente a la totalidad de su gobierno. Una vez más, distinguía entre régimen y soberanía, entre conflicto interno y amenaza externa.
El poder como responsabilidad transitoria
La actualidad de San Martín no reside en extraer de sus cartas una frase adaptable a cada coyuntura. Tampoco en presentarlo como un dirigente sin contradicciones. Su experiencia plantea preguntas todavía vigentes: ¿para qué se construye poder?, ¿cuándo la obediencia institucional deja de servir al objetivo que le daba sentido?, ¿qué nivel de autoridad requiere una comunidad en crisis?, ¿cuándo la permanencia de un conductor empieza a perjudicar la causa que dice representar?
San Martín concentró poder, pero no lo confundió con una posesión personal. Lo utilizó para crear capacidades, organizar territorios y alcanzar objetivos definidos. También supo destruir información que podía otorgarle ventajas, desobedecer una orden que alteraba la finalidad de su ejército y retirarse cuando la relación de fuerzas volvía contraproducente su continuidad.
Su concepción del orden fue restrictiva para los parámetros democráticos actuales. Su Protectorado exhibió rasgos autoritarios y su confianza en una monarquía constitucional revela los límites de su republicanismo. Pero su trayectoria contiene una enseñanza que la política contemporánea suele olvidar: el liderazgo no se mide solamente por la capacidad de conquistar espacios, sino también por la claridad para establecer prioridades y reconocer límites.
Quizás allí se encuentre el San Martín más difícil de convertir en estatua. No en el hombre ajeno al poder, sino en aquel que comprendió que el poder sólo adquiere legitimidad cuando permanece subordinado a una finalidad colectiva. Y que, llegado el momento, conducir también puede significar saber apartarse.
