Un informe de Reputación Digital detectó un rechazo dominante, una fuerte asociación con la extranjerización y una narrativa soberanista que terminó imponiéndose en la conversación pública antes de que el proyecto llegara a votarse.
El capítulo que proponía modificar la Ley de Tierras no llegó a ser rechazado en el recinto. El oficialismo decidió retirarlo antes de la sesión al comprobar que no contaba con los apoyos necesarios. Sin embargo, para entonces ya había sufrido otra derrota, menos formal pero políticamente significativa: la conversación digital se había inclinado con claridad en su contra.
Un estudio elaborado por Reputación Digital analizó 109.532 registros únicos publicados entre el 6 de julio y las 8.15 del 5 de agosto. Los datos fueron obtenidos a partir de aproximadamente cinco millones de registros brutos provenientes de redes sociales, medios digitales y transmisiones de radio y televisión. El informe permite observar cómo se construyó la percepción alrededor del proyecto durante el mes previo a la sesión.
La primera advertencia metodológica es necesaria. Estos resultados no representan de manera directa la opinión de toda la población. El 85% de la conversación analizada provino de X, una plataforma especialmente politizada y con dinámicas propias. Por lo tanto, el estudio no reemplaza una encuesta de opinión pública. Sí permite medir el clima, identificar actores, reconocer encuadres narrativos y comprender qué argumentos consiguieron mayor circulación dentro del ecosistema digital.
Sobre 45.983 publicaciones clasificadas según su sentimiento, el 69% presentó una valoración negativa, el 21% positiva y el 10% neutral. El Índice de Sentimiento Neto global fue de –48,5 puntos. La diferencia entre plataformas también fue reveladora. Mientras X alcanzó un índice de –56,3, las menciones provenientes del aire de radio y televisión se ubicaron prácticamente en equilibrio, con –1,5.
La distancia entre ambos espacios muestra que existieron dos conversaciones simultáneas. En los medios tradicionales predominó una discusión institucional relacionada con votos, negociaciones y modificaciones legislativas. En las redes, en cambio, el proyecto fue interpretado principalmente desde categorías como extranjerización, soberanía, territorio y recursos naturales. La discusión técnica quedó subordinada a una dimensión emocional e identitaria.
El concepto más asociado al proyecto fue “extranjerización”, con 24.896 menciones y un índice negativo de –71. En sentido contrario, “soberanía” reunió 5.724 menciones y se convirtió en el único gran eje con valoración positiva. La particularidad es que esa positividad no expresaba apoyo a la reforma. Representaba una defensa del territorio frente a lo que muchos usuarios percibían como una amenaza.
Allí se encuentra una de las principales claves comunicacionales del episodio. El oficialismo intentó presentar la iniciativa como una herramienta para fortalecer la propiedad privada, brindar seguridad jurídica y atraer inversiones. Sus adversarios consiguieron instalar una interpretación más sencilla y poderosa, vinculada con la posible venta del territorio y la pérdida de control sobre recursos estratégicos. En el terreno digital, la segunda narrativa demostró una capacidad de propagación considerablemente mayor.
El contexto deportivo también contribuyó a esa construcción. El informe registró 3.336 menciones relacionadas con Malvinas y una fuerte circulación de consignas que conectaron la defensa territorial con la movilización anunciada frente al Congreso. La conversación transformó así una reforma legislativa compleja en una causa atravesada por símbolos nacionales reconocibles. El debate dejó de organizarse alrededor de porcentajes y procedimientos para pasar a girar en torno a una pregunta elemental: quién debe controlar la tierra argentina.
La disputa también se personalizó. Patricia Bullrich concentró 4.806 menciones y el 80% de la conversación vinculada con su enfrentamiento político con Victoria Villarruel. Su índice de sentimiento fue de –64,7. La vicepresidenta reunió un volumen menor, aunque también mayoritariamente adverso. El cruce entre ambas, sumado a la controversia por el voto remoto de Anabel Fernández Sagasti, desplazó parcialmente la discusión sobre el contenido de la ley hacia una interna de poder.
El informe también detectó que los temas relacionados con la agricultura familiar, las comunidades campesinas y los pueblos originarios representaron apenas el 1,2% del volumen total. Sin embargo, alcanzaron un índice negativo de –65,3 y aportaron buena parte de las imágenes, testimonios y consignas territoriales que alimentaron la convocatoria. Fue un eje pequeño en cantidad, pero considerable en densidad simbólica.
La conversación digital tampoco estuvo exenta de anomalías. Reputación Digital identificó alrededor de 2.100 publicaciones idénticas difundidas el 30 de julio y recomendó auditar ese comportamiento antes de considerarlo completamente orgánico. El dato obliga a evitar lecturas lineales. Un volumen elevado no siempre equivale a participación espontánea y un pico de publicaciones puede responder tanto a una reacción social como a una acción coordinada.
Entre los escenarios planteados por el estudio aparecía la posibilidad de que el capítulo sobre tierras cayera o fuera separado del resto del proyecto. Horas después del cierre del relevamiento, eso fue precisamente lo que ocurrió. No significa que las redes hayan determinado por sí solas la decisión. La falta de votos, el rechazo de gobernadores dialoguistas y las negociaciones entre bloques fueron factores decisivos. Pero el clima digital aumentó el costo reputacional de sostener la propuesta y ofreció argumentos para quienes ya evaluaban apartarse.
El caso muestra que la conversación digital no sustituye a las instituciones, pero puede modificar el contexto en el que estas toman sus decisiones. Los votos se cuentan en el Senado, aunque las condiciones políticas para reunirlos también se construyen en las provincias, en los medios, en la calle y en las redes.
La Ley de Tierras perdió primero la batalla por el significado. Cuando llegó el momento de contar los votos, conceptos como inversión y seguridad jurídica ya habían sido desplazados por tierra, soberanía y extranjerización. El retiro del capítulo fue el resultado parlamentario de una negociación fallida, pero también la consecuencia comunicacional de una narrativa que nunca logró competir en igualdad de condiciones.
