Cristina Kirchner – expresidenta

6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por haber sido responsable del delito de fraude al Estado.

Lázaro Báez – Empresario

6 años de prisión por haber sido partícipe de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Julio De Vido – Exministro de Planificación Federal

Absuelto.

José López – Exsecretario de Obras Públicas

6 años de prisión por defraudar al Estado.

Nelson Periotti – Exdirector de Vialidad

6 años de prisión e inhabilitación perpetua por haber sido autor del delito de fraude a la administración pública.

Mauricio Collareda – Exdirectivo de Vialidad

4 años de prisión e inhabilitación perpetura para ocupar cargos públicos por defraudar al Estado.

Juan Carlos Villafañe – Exintendente de Río Gallegos

5 años de prisión por haber sido autor del delito de administración fraudulenta. Con inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

Osvaldo Daruich – Exjefe del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad

3 años y seis meses de prisión por defraudar al Estado e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Raúl Pavesi – Expresidente de la Agencia Provincial de Vialidad

4 años y seis meses de prisión por los delitos de fraude al Estado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Claudio Abel Fatala – Exsubsecretario de Obras Públicas

Absuelto.

Raúl Santibañez – Exdirectivo de la Agencia Provincial de Vialidad

4 años por defraudar al Estado e inhabilitado de manera perpetua para ocupar cargos públicos.

Héctor Garro – Extitular de Vialidad Santa Cruz

Absuelto.

Carlos Santiago Kirchner – Exsubsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal

Absuelto.

El empresario dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez, fue condenado a seis años de prisión como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El exsecretario de Obras Públicas José López también fue sentenciado a seis años de cárcel. Ya había sido condenado previamente por enriquecimiento ilícito y por la tenencia ilegal de un arma de fuego. El extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti recibió una condena a seis años de prisión por ser considerado autor penalmente responsable de delito de administración fraudulenta.

Además, quedaron condenados los extitulares de la Agencia de Vialidad Provincial de Santa Cruz Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, José Raúl Santibañez y Juan Carlos Villafañe.

Cristina Kirchner, que no estuvo presente en la audiencia, envió un mensaje desde Moreno, adonde asistió a un encuentro con mujeres. “Cuando sos mujer, te hacen las cosas más difícil. Como no me pueden pegar una piña, hacen lo que hicieron hoy en Comodoro Py”, dijo hoy Cristina en referencia al fallo de la Cámara de Casación.

Los votos

El primer voto fue el de Hornos, quien convalidó las condenas por defraudación a la administración pública y además consideró aplicable al caso la figura de asociación ilícita (tal como lo había pedido el Ministerio Público Fiscal). Al abordar los agravios de las defensas sobre una supuesta “guerra judicial” o “lawfare”, Hornos indicó que “el lawfare aparece sólo como una nueva teoría conspirativa, y cuyo destino no parece ser otro que el de transformarse en una coartada para eludir, ante los poderes judiciales democráticos y ante la sociedad toda, la rendición de cuentas por la comisión de delitos de corrupción”.

Borinsky resaltó los indicios de tenor subjetivo que demostraron el conocimiento y la voluntad de realizar la maniobra por la cual fue condenada Cristina Kirchner en el delito. Entre ellos, las alertas recibidas por los servicios jurídicos al momento de suscribir el Decreto 54/2009 -ignoradas por la expresidenta-, las denuncias de cartelización de obra pública en Santa Cruz realizadas al momento de los hechos, los comprobados vínculos comerciales con Báez y los mensajes de WhatsApp encontrados en el teléfono celular de José Francisco López que daban cuenta de la connivencia en el tramo final de la maniobra para dotar de impunidad el hecho ilícito investigado.

Barroetaveña, que hizo el último voto, al referirse a las penas de prisión impuestas sostuvo que el contenido del injusto de la maniobra descubierta excede ampliamente el máximo de la escala penal. Frente a ello señaló que “resulta penoso confirmar una condena por haberse probado de manera tan contundente un hecho defraudatorio de las dimensiones del que fue objeto este proceso cuando los responsables penales resultan ser funcionarios de tan alta jerarquía hasta quien fue la autoridad máxima del Poder Ejecutivo”.