A mediados del Siglo XV, un florentino que pretendía congraciarse con el Príncipe Lorenzo de Medici le dedicó un libro que marcaría el punto de inflexión entre el pensamiento político antiguo y el contemporáneo.

El autor era Nicolás Maquiavelo y la obra, “El Príncipe”. Pero el escritor tuvo escasa fortuna en su intento inmediato, aunque su texto se convertiría en indispensable para cualquier político con ganas de triunfar a partir de entonces.

A diferencia de los autores influenciados por el moralismo cristiano, Maquiavelo sostenía que las virtudes públicas y las privadas no eran coincidentes. Lo que podría ser una virtud privada (la sinceridad, la tolerancia, la moralidad, la honestidad o la lealtad, por casos), podrían convertirse en una traba para el gobernante, que a menudo debería recurrir a la mentira, la manipulación, el engaño, la deslealtad o la violencia para garantizar el orden y la continuidad de su mandato.

Sólo debería tener algo en cuenta: conservar la apariencia de virtud en la medida de lo posible. Las formas más que el fondo, en definitiva.

En los últimos días, el escenario político experimentó un vuelco significativo. El alegato del fiscal Diego Luciani (agresivo, parcial e innecesariamente histriónico) era evidentemente flojo de material probatorio sobre la responsabilidad de Cristina Fernández de Kirchner en la causa de Vialidad.

Mucho menos podía comprobar su acusación de ser “La Jefa” de una asociación ilícita. Sólo conjeturas e inferencias, apelaciones al sentido común. Pero en cuanto a material probatorio, nada misma.

La vicepresidenta aprovechó a la perfección los dislates de Luciani, y más aún cuando el juez Rodrigo Giménez Uriburu (a quienes ya había recusado sin éxito previamente) le denegó su derecho constitucional a ejercer su legítima defensa en el tribunal de manera inmediata. El argumento de Cristina era sólido: ya que Luciani incorporó nuevos elementos en su alegato, debía reconocerle el derecho a la acusada a responderlos.

Pero para los futbolistas de la quinta de Mauricio Macri los derechos civiles de quienes no son “propios” no existen. Tenían que postergar el descargo de Cristina hasta el final del juicio, para que se consolidara en la opinión pública la convicción de su culpabilidad. La oposición y el periodismo ensobrado de los grandes medios harían su tarea a la perfección.

La parcialidad del tribunal quedó demasiado a la luz al pretender que la figura de jefa de una asociación ilícita cabía para CFK, pero había sido desechada por Mauricio Macri en el caso del ARA San Juan.

Es decir: mientras que la vicepresidente debería haber estado al tanto de todo lo que hiciera hasta el último empleado público de la Argentina, el líder PRO ni siquiera debería saber cuál era el accionar de sus funcionarios más allegados.

Cristina tomó entonces la iniciativa, e hizo su descargo desde el Congreso Nacional. Paradójicamente el fiscal Luciani y el juez Giménez Uriburu le habían permitido encontrar aquello que buscaba sin encontrar: un nuevo relato.

Ahora, en clave de victimización, sostenido no sólo por el accionar parcial del tribunal y la falta de pruebas con las que se exigió su confinamiento por 12 años e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, sino por otro dato que la vicepresidenta esgrimió en su defensa: aquellas pruebas con que contaba el tribunal y que comprometían al entorno de Mauricio Macri habían sido cuidadosamente ocultadas. El dinero de las valijas de Lázaro Báez era dinero macrista.

A la postre, el fiscal Luciani parecía haber sido el instrumento para el reposicionamiento de Cristina. El PJ, los sindicatos y hasta el Movimiento Evita y el “albertismo” salieron en su defensa. Ella volvió a sentirse “La Jefa”, con todo el peronismo encolumnado detrás suyo, como en los viejos tiempos.

La oposición experimentó de manera dramática el empoderamiento de la vicepresidenta, sobre todo porque habían sido ellos mismos los que habían creado las condiciones para que se produjera. Tal como explicó Lali Minicelli (la esposa de Julio de Vido) Luciani se limitó a realizar una construcción mediática de su alegato, recurriendo a informaciones y editoriales de Clarín y de La Nación, aunque sin validez legal alguna.

Tan descolocados quedaron que un diputado del PRO, Francisco Sánchez, pidió la pena de muerte para Cristina. Y aunque parezca mucho más grave que mordisquear uno de los senos de su pareja, increíblemente conserva su escaño.

Cristina no sólo tenía su relato, sino al peronismo encolumnado detrás. Rápida de reflejos, indicó a los militantes de la Cámpora que le hicieron el aguante en su alocución en el Congreso que cantaran la Marcha Peronista.

Súbitamente Juan Domingo Perón dejaba de ser un “viejo de mierda” para convertirse en la llave para recuperar su liderazgo sobre todo el espacio. Ya nadie recordaría sus dichos a Oscar Parrilli en las escuchas ilegales de hace unos años: “A mi nunca me interesó la vida del partido. Acá nunca le dimos bola”.

A partir de allí el aglutinamiento de seguidores en su domicilio continuó, y el anuncio de la organización de un fabuloso acto con una participación de 1 millón de personas se replicó por todas partes. “Por un nuevo 17 de octubre”. En caso de conseguirlo, el próximo paso será tratar de desplazar la fecha histórica por un hito cristinista.

Un escalador profesional, el diputado Rodolfo Tailhade, le espetó a Alberto Fernández en su cuenta de Twitter que Cristina “tiene que soportar que en un Gobierno peronista la persigan Clarín y la Justicia”. ¿El responsable? Indudablemente el Presidente, quien no cumplió su parte del trato que lo llevó a la presidencia, al poner escaso empeño en reformar la justicia y librarla de culpa y cargo en todas las causas que tenía abiertas.

Claro está, la cuidada puesta en escena para profundizar “La Grieta”, no sólo permitió fortalecer a Cristina y, como contrapartida necesaria, a Mauricio Macri y Patricia Bullrich, los “Halcones” del PRO.

También permitió invisibilizar el “ajustazo” que inició Silvina Batakis y profundizó Sergio Massa. Como Cristina aparece circunscrita a su situación judicial, quedaría exenta de responsabilidades.

Mientras tanto, fuera de la exposición pública que supone el juicio de Vialidad, Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta demostraron que son hermanos separados al nacer en la reunión del Council of Americas: mismo programa, tiempos diferentes.

Esta coincidencia entusiasmó tanto al embajador norteamericano que los alentó a que: “Hagan una coalición ahora, no esperen la elección de 2023”. Con su miopía habitual, el nacionalismo de pacotilla protestó por la injerencia del diplomático en nuestros asuntos internos. Pero nada dijeron del fondo de la cuestión: el ajuste, el empobrecimiento y la concentración de la riqueza, con la tutela del FMI, es el camino. La dirigencia política no avizora otro.

Todo marchaba viento en popa. La alianza entre la oposición, el Círculo Rojo y la Justicia tenía a Cristina acorralada, la vicepresidenta recuperaba su liderazgo y confirmaba todas sus acusaciones sobre sus adversarios, y el ajuste avanzaba sin mayores resistencias.

Pero, tal como afirmaba Carlos Marx: “La historia se repite dos veces. La primera como tragedia, la segunda como farsa”. Y el sujeto detonante del statu quo sería nada menos que el inefable Alberto Fernández.

Preocupado por no caerse definitivamente del escenario, el presidente pautó dos apariciones en los medios. Para los opositores, en el programa “A dos voces”, por la señal TN. Para los del otro lado de la grieta, El Destape de Roberto Navarro.

Muchos se preguntaron si a Alberto le habría encomendado Cristina que oficiara como su abogado defensor en la señal de Clarín. Lo cierto es que, en ese caso, la vicepresidenta habría cometido otro de sus errores históricos.

Alberto fue a hacer su propio juego, a punto tal que terminó confirmando las elucubraciones de los días previos del “gran diario argentino”, que se había mostrado muy preocupado por la seguridad de jueces y fiscales.

“Alberto Nisman se suicidó, yo espero que no haga algo así Luciani”, lanzó, de la nada, el Presidente. E inmediatamente todo el PRO y la Coalición Cívica salieron a anunciar que le harían juicio por “instigación al suicidio y amenaza de asesinato mafioso al fiscal”.

Tal vez esto haya sucedido, como entiende Carlos Maslatón: “Porque Alberto Fernández es un reverendo pelotudo”. Pero también tiene su lado perverso, y así como Cristina o Macri no imaginan una Argentina sin su liderazgo, el Presidente cree que está destinado a cumplir una misión fundamental, aunque los hechos y la sociedad lo desmientan a cada paso.

Tan fuerte era el viento de cola que sostenía la resurrección de la vicepresidenta que Oscar Parrilli salió a twittear que “es muy pronto para hablar de un indulto. Falta mucho tiempo. Espero que haya una acción de algunos funcionarios o magistrados que entiendan que esto no puede seguir”, como respuesta a los opositores que ya la dan por condenada, y hasta a un Eugenio Zaffaroni que salió a reclamar que “si Cristina es condenada, el Presidente debe indultar”.

Parrilli fue aún más allá e instaló la consigna: “Ni indulto ni amnistía: Justicia”, que su jefa retwitteo inmediatamente. Sin embargo, la aparición de Alberto conmovió la precaria estantería que permitía encubrir el ajuste. Al sugerir la alternativa del suicidio de Luciani, no sólo lo reivindicó, sino que dañó de muerte el relato de la victimización de Cristina. Ahora las posibles víctimas eran dos: una a cada lado de la grieta.

Como por arte de magia, las reacciones contenidas ante el salvaje plan de ajuste de Massa y el FMI comenzaron a aparecer desde la CTA, la CGT y los sindicatos docentes. Y, por si fuera poco, los movimientos sociales pusieron en cuestión su participación en “El 17 de octubre de Cristina”. Todo en cuestión de unas pocas horas.

Pero la farsa no termina en Alberto. Luciani pretendió compararse con el fiscal Strassera, y concluyó su alegado con un rimbombante: “Señores jueces, este es el momento, es corrupción o justicia, insisto, es corrupción o justicia y ustedes tienen la decisión”. Claro está que, de la manera en que justificó su alegato, no queda en claro de qué lado estaría la corrupción y de que otro la justicia.

La cuestión de fondo para la mayoría de los argentinos no debería pasar por las opiniones sobre la corrupción o no de Cristina, Macri o quien fuera (sobre lo que cada uno puede pensar lo que quiera), sino en el uso abusivo del aparato judicial para condenar a los adversarios sin pruebas sólidas. La que está comprometida, en realidad, es la libertad de todos nosotros.

Una frase atribuida a Voltaire, aunque nunca la pronunció, sostiene: “Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”.

¿Cuántos de los actores más encumbrados del poder político, económico, social o mediático de nuestro país estarían dispuestos a suscribirla?