La pandemia del coronavirus le viene sirviendo al Gobierno como excusa de todas sus falencias y también como pantalla de humo para intentar opacar las drásticas decisiones que afectan cada día más gravemente a la población, con impacto central en la clase media. Un sector que carece de las acaudaladas cuentas bancarias de la clase alta, y de las asignaciones sociales que recibe la clase baja.

Mientras el presidente Alberto Fernández insiste en dirigir su discurso a las cifras del coronavirus, e intenta demostrar autoridad cuando no la tiene, hay un país que se desangra y millones de familias que agonizan día a día porque no logran subsistir. Y mientras la escena política baila al ritmo de la puja AF-CFK, intentando descifrar quién ganará la batalla, la pobreza sigue ganando terreno debido al avance firme de la inflación, de la mano de los aumentos tarifarios dispuestos por el Gobierno “de todos”.

El año arrancó con nuevas subas para los servicios de internet, televisión por cable (7,5 por ciento) y telefonía fija (5 por ciento) en marzo, tras el incremento del 7,5 por ciento aprobado para febrero, al que se sumó otro 2,5 este mes.

Resulta que abril también viene con sorpresita. Los sectores de combustibles, expensas, cajeros, luz, gas y servicios domésticos se suman a este tsunami en el que la mayoría está sin salvavidas.

El caso de las naftas, la situación es verdaderamente alarmante: YPF anunció días atrás otro aumento del 7 por ciento, siendo el quinto en lo que va del año, lo que repercute rápidamente en las otras petroleras, que de inmediato se suman a la medida. Desde agosto pasado, la suba en este rubro totaliza un 35 por ciento.

Asimismo, hacer uso de la luz y el gas (servicios esenciales para la vida cotidiana) tendrá su castigo. Tras el congelamiento del año pasado –una olla a presión que obviamente iba a explotar en los bolsillos del consumidor- las empresas de electricidad insisten en un esquema “de transición” (léase, tarifazo) cuyo primer aumento se espera para fines de abril o principios de mayo. Se estima que las subas podrían alcanzar el 37 por ciento. En tanto, las compañías de gas pidieron una recomposición que promediaría el 15 por ciento.

Quienes pagan expensas, deberán prepararse para afrontar un aumento que oscilará entre el 5 y el 7 por ciento, panorama que complica aún más la situación de los inquilinos, que se encuentran dramáticamente presionados por un sistema de mercado que les impide afrontar los gastos de vivienda, con alquileres que, con la nueva ley, vieron disparados sus precios de manera exponencial.

En tanto, los cajeros automáticos volverán a cobrar un importe en el caso de aquellos usuarios que pertenezcan a una red (Banelco o Red Link) o banco diferente al que emitió la tarjeta de débito. El importe varía según la entidad bancaria.

Por último, el servicio doméstico cerró paritarias por un 28 por ciento de aumento en tres tramos, esquema que finaliza en abril, por lo cual la hora de trabajo se fija en 171 pesos y el sueldo mensual del personal sin cama tendrá un valor mínimo de 21 mil pesos.

La pregunta inevitable es: ¿hasta cuándo el Gobierno dará vía libre a las empresas para que apliquen los aumentos típicamente macristas que tan criticados fueron por el oficialismo actual, cuando no eran más que una fuerza opositora? ¿Acaso no iban a gobernar por y para el pueblo? Finalmente, todo termina decantando en otro chamuyo de campaña electoral que no se cumple.