El Poder Ejecutivo envió a los bloques dialoguistas de la Cámara de Diputados las modificaciones que está dispuesto a incorporar al texto de la llamada “Ley de Bases”.

El Gobierno nacional envió este lunes al Congreso la versión final de la llamada ley ómnibus, con los cambios acordados la semana pasada con sectores “dialoguistas” de la oposición, con el objetivo de avanzar con el dictamen en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados e intentar darle media sanción el jueves.

En total, se eliminan 141 artículos del proyecto original. Además, varios capítulos serán postergados a marzo para su debate, es decir, con el comienzo de las sesiones ordinarias del Congreso. En ese grupo de destacan los temas de salud mental, ley de sociedades, reforma electoral y la instauración del juicio por jurados en delitos penales.

“Más de la mitad de los temas que afectaban al Código Civil y Comercial también se presentarán en ordinarias reservando a este proyecto los artículos estrictamente necesarios para mejorar la libertad contractual en adición a la incorporación del divorcio express”, destaca la nota del Poder Ejecutivo.

En el proyecto final, el Gobierno accedió a incorporar una fórmula previsional de ajuste automático de haberes por inflación, se incorporaron restricciones al blanqueo pedidos por el Poder Legislativo y se reformularon los regímenes de pesca, hidrocarburos y biocombustibles. En tanto, sobre las retenciones, se eliminó el gravamen a las economías regionales.

Emergencia

Se realizaron cambios en la estructura y redacción del proyecto a los fines de mejorar la técnica legislativa y favorecer su lectura.

Se eliminó la emergencia en materia social y de defensa y se redujo el plazo de las delegaciones legislativas a un año, con la posibilidad de prorrogar por un año más con aprobación del Congreso.

Reforma del Estado

Se realizaron cambios en las facultades delegadas a los efectos reflejar, con mayor claridad, la materia delegada y se especificaron con mayor detalle las competencias asignadas al Poder Ejecutivo Nacional.

Privatizaciones

Se eliminó YPF del listado.

Para Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa.

Se incorporó expresamente, la participación de la Comisión Bicameral de Privatizaciones de la Ley N 23.696 para el seguimiento de los trámites respectivos.

Actividad política

Se incluyó a “los empleados públicos”, en las limitaciones a la actividad política. Se determinó un mecanismo sancionatorio ante el incumplimiento de tales prohibiciones.

Jubilaciones

El Gobierno va a cumplir con el ajuste trimestral que les corresponde a todos los jubilados en marzo respetando la fórmula actual.

A partir de abril, comienza una actualización automática por inflación mensual en base al último dato de inflación disponible del INDEC. Así se les garantiza a los jubilados que mantengan su poder adquisitivo

Jubilaciones de privilegio

Se eliminan las jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidente.

Retenciones

Se establecen en 0% para las economías regionales.

A su vez, se elimina la facultad del Poder Ejecutivo de poder subir los derechos de exportación. Solamente se mantiene la facultad para poder reducirlas.

Sin embargo, se mantiene la suba de la alícuota del 31 al 33% para los subproductos de la soja pese a la presión que ejercen los gobernadores de Juntos por el Cambio.

Hidrocarburos

Una gran preocupación surgió sobre la delimitación de las competencias entre Nación y Provincias. Sin dejar de reafirmar que es una ley federal, se aclararon los casos en los que correspondía actuar a la Nación o las Provincias.

Asimismo, a tono con la conciliación de las facultades Nación /Provincias, se mantuvieron las facultades de la autoridad de aplicación respectiva de controlar los programas de desarrollo y compromisos de inversión; y la elaboración conjunta del pliego modelo entre Nación y Provincias.

Zona fría

Los beneficios previstos en la ley 27.637 (Zona Fría) estarán comprendidos en la reasignación de subsidios a realizar.

Cultura

Se reducen las modificaciones al INCAA. Se mantiene la asignación específica para el Instituto, que va a seguir recibiendo un monto indeterminado de recursos de manera automática.

Respecto al Fondo Nacional de las Artes (FNA), no se propicia su cierre, sino que se exploran mecanismos para que su ecuación económica sea más favorable a la comunidad artística. Así se determina que los directores deberán ser ad-honorem y que los gastos no pueden representar más del 20% de sus ingresos.

Las funciones del Instituto del Teatro serán absorbidas por la secretaria de Cultura y que los fondos para dicho sector no se verán afectados.