Tras la salida de Emilio Viramonte Olmos, quien había sido designado secretario administrativo a comienzos de mayo, el radicalismo se prepara para avanzar sobre el manejo de los recursos de la Cámara Alta, hoy sin un responsable formal.

Según trascendió en fuentes legislativas, senadores de la UCR y bloques aliados están articulando una estrategia para impedir que la vicepresidenta Victoria Villarruel vuelva a nombrar a alguien de su confianza en ese cargo clave. Argumentan que sería inaceptable convalidar un nuevo nombramiento luego de que Villarruel perdiera, en menos de dos años, a dos funcionarios en puestos estratégicos. “Hace apenas veinte días le votamos a un amigo y ya renunció, como también lo hizo la anterior. No hay condiciones para que logre reunir el respaldo necesario para una nueva designación”, dijo uno de los senadores involucrados.

Viramonte Olmos había llegado con el aval personal de Villarruel, con quien mantenía una relación de confianza que incluso incluyó alojarla durante una visita a Córdoba. Sin embargo, habría renunciado luego de que la Vicepresidenta no le habilitara el manejo efectivo de los recursos de la Cámara. “No le habilitó la función, entonces presentó su renuncia”, explicaron desde un despacho cercano a la oposición.

Su predecesora, María Laura Izzo, también dejó el cargo por diferencias con la titular del Senado. Ahora, los radicales buscan que sea el actual prosecretario administrativo, Lucas Clark, quien quede a cargo del área financiera. Para ello, necesitarían el respaldo del bloque peronista, liderado por José Mayans y Juliana Di Tullio.

En los pasillos del Congreso, se especula con que Unión por la Patria no quiere aparecer como parte de un movimiento institucional de esa magnitud, pero el malestar acumulado por parte de los senadores que rompieron con el oficialismo en diciembre pasado podría inclinar la balanza.

Sin contar con el apoyo del peronismo ni del bloque libertario, la UCR, junto a sus aliados cercanos a la Casa Rosada, algunos representantes del PRO y legisladores provinciales sueltos, podría sumar hasta 32 voluntades. Aunque públicamente niegan que estén impulsando una maniobra para desplazar a Villarruel del manejo administrativo, las conversaciones para avanzar en ese sentido ya están en marcha. “El reglamento lo interpretamos nosotros”, fue la frase que uno de los senadores cercanos a Eduardo Vischi habría dejado trascender.

Este contexto refleja un creciente proceso de aislamiento interno que enfrenta la Vicepresidenta. En las últimas semanas, también prescindió de su vocero, Gaspar Bosch, y removió al líder de la agrupación Derecha Argentina, Juan Martín Donato, de la Dirección de Atención Ciudadana.

En respuesta, desde la agrupación villarruelista lanzaron un fuerte comunicado en redes sociales en el que acusaron a la Vicepresidenta y su entorno de abandonar los principios del gobierno: “Esta interna no responde al interés general ni al mandato popular, sino a la ambición de un pequeño grupo que, lejos de impulsar el cambio, lo ha obstaculizado sistemáticamente”.

A pesar de la tensión, Villarruel designó esta semana a Juan Manuel Gestoso Presas como subsecretario de Auditoría. Se trata de un militar que en 2008 fue apartado por la entonces ministra Nilda Garré, tras ser acusado por un subordinado de ordenar la destrucción de documentos vinculados a crímenes de la última dictadura. Aunque fue sobreseído por la Justicia salteña, sus denunciantes lo describieron como un defensor del terrorismo de Estado.