La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, dictada por el Tribunal Oral Federal N.º 2 en diciembre de 2022. El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron uno por uno los argumentos presentados por la defensa para revertir la pena.

Pocas horas después del fallo, el tribunal que dictó la sentencia original citó a los nueve condenados para notificarlos formalmente en Comodoro Py de la decisión del máximo tribunal.

“Las penas de prisión e inhabilitación impuestas se ajustan al marco legal vigente y buscan proteger el orden republicano y democrático conforme a las leyes dictadas por el Congreso”, fundamentaron los magistrados en su resolución.

Además de la pena de seis años de prisión, la expresidenta fue inhabilitada para ocupar cargos públicos. La Corte mantuvo esa condena pero desestimó, por inadmisible, el pedido de los fiscales para que también se la declare culpable de asociación ilícita, invocando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.

En uno de los pasajes del fallo, el máximo tribunal detalló que los cuestionamientos de la defensa apuntaban a aspectos fácticos y probatorios ajenos a su competencia, salvo que mediara arbitrariedad. Entre los puntos rechazados mencionaron el contexto en el que se concretaron los hechos, los vínculos entre Fernández de Kirchner y Lázaro Báez, y los negocios entre las empresas del empresario y las sociedades familiares de la exmandataria, incluyendo la explotación hotelera.

Para los jueces, quedó demostrado que la expresidenta “actuó con intención deliberada” y con “ánimo de lucro”, priorizando beneficios personales por sobre el interés público. Las sentencias previas ya habían resaltado que “la decisión presidencial relegó los intereses del Estado frente a ventajas particulares”.

El TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que, en un plazo de 24 horas, asigne una dependencia de alguna fuerza federal para alojar a los condenados que así lo requieran, en condiciones adecuadas.

Además de Cristina Fernández, la causa involucra a otras ocho personas. Entre ellas, el empresario Lázaro Báez y el exsecretario de Obras Públicas José López, ambos con penas de seis años. También fueron condenados Nelson Periotti (exdirector de Vialidad Nacional), Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibáñez, con penas que van de tres años y medio a cinco.

El caso Vialidad: el eje de la causa

La investigación, iniciada en 2016, se centró en la presunta asignación irregular de 51 obras viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015, todas adjudicadas a empresas vinculadas a Báez. Según la acusación del fiscal Diego Luciani, se trató de un mecanismo sistemático de direccionamiento de fondos públicos en favor del empresario, con participación de funcionarios de distintas jerarquías.

El juicio oral comenzó en 2019 y culminó tres años más tarde con el fallo condenatorio del TOF 2. La condena fue luego confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal, y ahora también por la Corte Suprema, que dejó firme el veredicto.