Los salarios y las jubilaciones están pasando por una trituradora que les hará perder este año alrededor de un 15% de su capacidad de compra, que se suma a una cifra similar del año 2018. Esto, como resultado del desboque inflacionario: distintas consultoras y analistas estiman que entre los meses de agosto y setiembre de este año la inflación oscilará en el 11% para llegar a fines de año a entre el 55 y el 60 por ciento.

Según los cálculos del Indec dados a conocer ayer, se necesitan más de $33 mil para no ser pobre y más de $13 mil para poder comprar la canasta básica alimentaria que necesita una familia. Esto cuando el salario mínimo está hoy en  $14.100 y la jubilación que cobra más de la mitad de los beneficiarios estará en $12.900 hasta diciembre y prácticamente todos los pensionados cobran un haber muy por debajo de esa cifra.

Para la Universidad Católica la pobreza ya alcanzaba al 35 por ciento de la población en el primer semestre de este año, lo que supone que esa cifra debe haber crecido sustancialmente con los descontrolados aumentos de precios posteriores a las Paso. Algunos analistas estiman que llegará al 40% antes de fines de año.

Es un ataque en regla y a fondo contra la vida de los sectores populares. Los “bonos”, que llegan a un porcentaje menor de los trabajadores y dejan afuera a los jubilados y pensionados, no suponen una mejora en los ingresos, como lo reconoce incluso la consultora Ecolatina, de Roberto Lavagna: “los bonos compensatorios son no remunerativos, de modo que, si bien representarán un ingreso adicional (momentáneo), no tendrán impacto en esta estadística” de retroceso salarial. La misma consultora destaca que en el 2018 “el poder adquisitivo de los salarios arrojó su mayor retroceso desde el año 2002” (ídem). Y esto se replicaría al finalizar el 2019.

Además, “el pago del bono de $ 5000 para los trabajadores de la actividad privada sigue sin resolverse y su definición volvió a quedar en suspenso hasta la próxima semana, al filo del plazo para que las empresas puedan abonar el eventual beneficio a su personal durante la primera semana de octubre” (Cronista, 19/9).

De acuerdo con un relevamiento realizado por dos consultoras empresariales especializadas en temas de ingresos, “las empresas están recalculando sus previsiones presupuestarias para ajustar los salarios de sus trabajadores aunque se da por descontado que las actualizaciones quedarán por debajo de la inflación consagrando así una nueva caída del poder adquisitivo” (Minuto1, ídem). “Estas empresas encuestaron a cientos de compañías y anticiparon que los incrementos salariales quedarán en torno al 40% este año” (ídem).

En este cuadro de una generalizada pauperización e incluso del hambre en una masa de los sectores populares, la burocracia sindical de todos los sectores ha decidido “desensillar hasta que aclare” y acompañar la política de Alberto Fernández, quien reconoció para la tribuna que los salarios habían perdido “más del 21% de su poder de compra en tres años” (Chequeado 21/7), pero plantea que “se abandonen las calles” y propone un pacto social que congele los salarios por otros seis meses después de que asuma.